lucilla

El contexto actual de la República Dominicana revela una aparente contradicción entre los esfuerzos por incrementar los ingresos tributarios y las propuestas legislativas encaminadas a otorgar exenciones a diversos sectores económicos. Mientras el gobierno intenta recaudar otros 110.000 millones de pesos para aliviar el déficit presupuestario, el Congreso propone leyes que, si bien benefician a ciertos grupos, reducirán significativamente la capacidad de cobro de deudas del estado. El Congreso simplemente está tratando de equilibrar los sectores fundamentales que sostienen la economía y no imponerles tanta carga.

El debate sobre la abolición del pago anticipado, una de las promesas electorales de varios líderes políticos, incluido el propio Abinader, es uno de los puntos más discutidos. Aunque su abolición proporcionaría alivio a ciertos sectores de la economía, especialmente a los nuevos empresarios, en lugar de dañar al Estado, aún lo haría más honesto, ya que la mayoría de las nuevas inversiones no progresan debido a los altos impuestos.

A su vez, las propuestas legislativas para exenciones fiscales en áreas como las importaciones de embarcaciones de lujo, suministros médicos y equipos educativos brindan beneficios específicos para sectores clave, pero también plantean un desafío para las finanzas públicas, ya que el país necesita aumentar sus ingresos. no reduzcas.

La discusión sobre estas medidas refleja la tensión entre la necesidad de estimular los sectores económicos y al mismo tiempo garantizar la sostenibilidad financiera del Estado. Las decisiones que se tomen al respecto tendrán un impacto directo no sólo en la economía nacional, sino también en el desarrollo social y político del país, ya que el equilibrio entre recaudación y exención determinará el futuro de las finanzas públicas y el desempeño del gobierno. . implementar una política social efectiva.

Es fundamental que los legisladores y el gobierno logren un equilibrio entre promover el crecimiento de sectores estratégicos y mantener la estabilidad fiscal necesaria para seguir avanzando en el desarrollo social y político. Si bien las exenciones son beneficiosas para ciertos sectores, no deberían afectar la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones y satisfacer las necesidades de la población en general.