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Provincial- | opinión El | Miércoles 5 de agosto de 2020
Esta administración legislativa desde 2020 hasta 2024 está guiada por una combinación especial de tres factores: i) pandemia, ii) reactivación económica y iii) democracia. Los votantes votaron para consolidar la democracia y frenar el cambio en la constitución. Para obtener más información sobre las necesidades legislativas y evaluar los métodos de trabajo de los senadores y parlamentarios, puede descargar el nuevo Plan Estratégico 2030 en www.cdes.do. Dos capítulos de esta agenda están dedicados al buen ejercicio legislativo.
La República Dominicana tiene una convención nacional con 222 miembros, 32 senadores y 190 diputados, casi el 9% de los cuales corresponden a Santiago. En la historia, la primera sesión del Congreso se celebró el 8 de marzo de 1845, por lo que este órgano debería haber celebrado al menos 9,100 sesiones desde su inicio. Ni siquiera la mitad del trabajo, ya que este poder estatal ha sido una extensión del poder ejecutivo en muchas ocasiones.
Las funciones establecidas en la Constitución y en las ordenanzas para el congresista dominicano se resumen: i) representadas; ii) legislación y iii) vigilancia. En ninguna parte aparecen el bienestar, la ayuda y los servicios como funciones. Si se privilegia la creación de clientes políticos en la gestión del congreso, se acelerará lo que Oxfam llama «la conquista política del estado dominicano por las élites del partido».
Entendemos que la gobernanza entre el Senador, los 18 diputados y las fuerzas vivas de Santiago expresa una interacción para concluir acuerdos que contribuyan al bien común. Para que esta relación sea efectiva, se deben utilizar herramientas técnicas que estén adaptadas, adaptadas y que cumplan con los requisitos. Se reconoce que existe una necesidad urgente, que existen reglas claras del juego y que hay una separación de funciones en la que la legislatura ya no es el «hijo del comando» del ejecutivo.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reconoce la importancia de la gobernanza para el desarrollo humano. La gobernanza es esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) porque proporciona el «entorno propicio» en el que se pueden alcanzar y, en particular, erradicar la pobreza. El ODS 16 llama a «promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas» y la agenda de Santiago 2030 destaca un Santiago de articulación pública, privada y comunitaria.
El Informe del Banco Mundial 2017 presentó avances universales en las democracias electorales. Hizo hincapié en que las elecciones se han convertido en el instrumento elegido para fortalecer la rendición de cuentas y la capacidad de las autoridades para responder a las necesidades sociales. Se informa un número cada vez mayor de democracias electorales y una disminución en la integridad de las elecciones, y disminuye el número de elecciones transparentes, libres y justas. Se percibió una disminución democrática en 18 países de América Latina, incluida la República Dominicana, antes de estas elecciones de 2020. Solo el 20% de los latinoamericanos entiende que su país está progresando en democracia.
La Comisión de Gobernanza de Santiago 2030 reconoció la necesidad de comprender los detalles del entorno local para desarrollar estrategias que respondan a deficiencias e intereses específicos y, por lo tanto, evaluó la situación de la gobernanza de Santiago en seis dimensiones: i) voz y Responsabilidad; ii) estabilidad política y social; iii) efectividad del gobierno; iv) calidad del marco legal; v) participación de los interesados, y vi) estado de derecho.
La relación entre los votantes y los elegidos es uno de los puntos críticos analizados. Más del 70% de la gente de Santiago no conoce a los parlamentarios y más del 81% desconfía de las partes. Lo anterior determina la reducción en el número de personas que votan. En las últimas cuatro elecciones, Santiago tiene cada vez menos votantes. Este fenómeno se explica por la falta de partidos organizados y educados, lo que crea la percepción de que la política es «la mejor manera de hacer negocios y hacerse rico». Es decir, los partidos renunciaron a sus militantes para privilegiar una visión clientelista del estado.
A esto se agrega el requisito cero de la Ley Electoral 275-97 y la Ley del Partido 33-18 para que los candidatos a diputados y senadores puedan presentar sus programas y discutirlos públicamente. Por lo tanto, el índice de desconfianza en ellos es del 82%. También es evidente que los legisladores acumulan el nivel más alto de corrupción, más del 85% de los funcionarios.
La nueva gestión legislativa 2020-2024 debe alinear la gestión legislativa con la economía y la pandemia. Superar la existencia de las élites del partido donde el bien común es derrocado por los intereses individuales, lo que conduce a la desigualdad y afecta negativamente el desempeño adecuado de la democracia. Es necesario definir una agenda legislativa consensuada, establecer prioridades, mejorar la capacidad legislativa de los congresistas, tener acceso a sus «puestos desconocidos» y monitorear su ejercicio. Estamos en
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