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Santo Domingo, República Dominicana. – Los senadores dominicanos enfrentan hoy una fuerte presión popular para utilizar un fondo de asistencia social llamado Barrilito, que se considera indecente.

Si bien la exigencia de eliminar esta entrada de dinero a los legisladores no es nueva, permanece intacta e incluso está justificada por la mayoría en sus esfuerzos por mantener este ingreso adicional, cuyo destino final nadie conoce.

El Barrilito fue creado en 2006, y como lo expresó recientemente la periodista Alicia Ortega en Colorvisión, 13 años después de que su programa El Informe revelara cómo se gastaron estos recursos, es inconcebible que aún se esté discutiendo su eliminación.

Explicó cómo encontraron docenas de facturas por varios comestibles, medicinas y pruebas de laboratorio en 2007, pero una de las líneas más comunes y más difíciles de justificar en ese momento era el apoyo financiero sólido.

Posteriormente en 2009 el tema fue reexaminado y solo seis provincias recuperaron ayudas sólidas y diez del sur fueron para familiares de los senadores.

Y en 2016 encontraron pagos por bebidas alcohólicas, almuerzos, patrocinios para reinas de belleza, artistas y periodistas, entre otras cosas.

El monto del barril actualmente asciende a 250 millones de pesos ($ 4,3 millones) al año, una cifra de respeto, y se entrega oficialmente con el argumento de que todo senador usa estos fondos para ayudar a los pobres. Reparta su sala, cestas, ataúdes, sillas de ruedas, dinero y otras migajas como esta.

Cabe señalar que además del barril mencionado anteriormente, los 32 senadores del país reciben un salario envidiable y otros beneficios y privilegios, como exenciones para la importación de vehículos, pagos al conductor, combustible, teléfono y bonificaciones.

Hasta el momento solo tres han renunciado a este privilegio, el presidente de esta Cámara, Eduardo Estrella; El senador de la provincia de Santo Domingo Antonio Taveras y, tras un poco de confusión, el senador distrital Faride Raful.

Hace unas semanas la Fundación Seguridad Social para Todos envió una solicitud al Congreso en la que los firmantes señalaron que el barril es una práctica antidemocrática y un irritante privilegio utilizado por los senadores en violación del derecho constitucional a la igualdad. “Incluso fue premiado.

La Fundación Institucionalidad y Justicia consideró que dada la situación sanitaria, social y económica que ha dejado el Covid-19 en el país, es contraproducente que un Congreso asigne fondos del gobierno a medidas que distorsionan sus funciones esenciales. Representación, Legislación y Supervisión ”.

Asimismo, el reconocido comunicador Ricardo Nieves dijo que este fondo era inmoral e institucional, un abuso contra el pueblo y una vergüenza institucionalizada creada por el Partido de la Liberación Dominicana para generar un enriquecimiento ilegal para su pueblo.

Senadores que defienden fondos como Pedernales, Dionis Sánchez y Fuerza del Pueblo justifican su uso, sin embargo, diciendo que «han llamado un barril a un fondo social que tenemos básicamente por las carencias del Estado dominicano».

Por su parte, la senadora por Puerto Plata por el Partido Revolucionario Moderno, Ginnette Bournigal, dijo: «Estamos ayudando a familias a las que el estado aún no ha llegado y las estamos acercando con temas de salud, educación y tecnología».

Mientras que el célebre merenguero Héctor Acosta, senador de Monseñor Nouel, aprobó la asignación, solo especificando que debe ser «transparente» y «controlada» porque no se debe «embolsar».

En definitiva, el barril difamatorio está, como dicen en el béisbol, en tres y dos porque se está haciendo una propuesta en el Congreso para ventilar el tema, que, quizás, y ante una gran presión social, lleve a una vida mejor.

En cualquier caso, los rivales de Barrilito no pueden lograr la victoria porque los que tienen que optar por hacerlo no parecen tener mucho interés en deshacerse de ella y seguramente harán una defensa a fondo para que siga y hoy lo están. Mayoria.

Edilberto F. Méndez Amador / PLD



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