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Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) valoró que la propia Fiscalía General de la Nación haya mostrado la importancia de dedicar el tiempo necesario a los distintos procesos de investigación en curso para dar respuesta de manera más efectiva y eficiente al enjuiciamiento de la corrupción y las distintas Formas. del Crimen Organizado, sin embargo, advierte de la necesidad de un proceso penal para no dar lugar a un tratamiento excesivo de los casos por parte de los medios de comunicación.

Al analizar el balance de institucionalidad y equidad en 2021, S.ervio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS, Dijo que era «inevitable» para que los imputados no afronten un juicio anticipado e incluso una condena moral con un veredicto promulgado en los medios de comunicación, y se convierte en uno de los graves peligros que advierten las grandes corrientes de la jurisprudencia -doctrina criminal: «penal populismo «o» populismo criminal «.

A continuación encontrará el texto completo de la Fundación Institucional y de Justicia (FINJUS)

El análisis comienza reconociendo los efectos de la pandemia COVID-19 a principios de 2021, lo que significó el deterioro de diversos aspectos del marco general de la sociedad dominicana, particularmente en lo que se refiere a los ámbitos económico, institucional y social. Los sucesivos estados de emergencia, las medidas restrictivas adoptadas para hacer frente a la crisis de salud y la creciente conciencia sobre el deterioro de la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica entre la población plantearon serios desafíos a la democracia dominicana.

Esto se combinó con la consolidación de un nuevo equipo de administración en el gobierno, lo que planteó la necesidad de fortalecer una serie de áreas clave para restaurar la confianza en las instituciones y poner en marcha mecanismos para fortalecer las instituciones democráticas.

Cabe recordar que a fines de 2020 el Ejecutivo anunció un plan integral de reforma institucional, que tuvo como objetivo poner en marcha una serie de iniciativas encaminadas a resaltar el compromiso y la voluntad de llevar a cabo reformas concretas con el fin de incrementar la transparencia para asegurar los recursos públicos en las instituciones, incluyendo el fortalecimiento del marco legal de la contratación pública y la contratación pública, las medidas anticorrupción y los órganos de control interno y externo del estado.

En este marco, las medidas desarrolladas en 2021 en los órganos del sistema judicial, en particular el Poder Judicial y el Ministerio Público, convocados junto a otros actores como la Policía Nacional y el Sistema de Defensa Pública, tomarán su acción desde su propio Marco institucional y legal Alinear la perspectiva a la profundización y sostenibilidad de las reformas decididas en los últimos años.

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A principios de 2021, se supo que el poder judicial estaba constreñido por las restricciones impuestas por la propagación de la pandemia, lo que obligó al uso de formas de virtualización del poder judicial y a la conversión acelerada de procedimientos y protocolos propios de su labor judicial, lo que llevó a diferentes reacciones de los usuarios del sistema debido a las restricciones impuestas.

Creemos que es apropiado evaluar los avances en el uso de los medios digitales en el poder judicial. A pesar de que la virtualidad fue fruto de la proactividad del Consejo de Autoridades Judiciales para evitar el cierre total del Poder Judicial por la restricción de 2020 por la pandemia que seguimos enfrentando, en general fue Acción en respuesta a convocatorias. mejorar la capacidad institucional en la prestación de servicios de administración de justicia.

Aspectos como la insolvencia judicial, la excesiva burocracia en los servicios administrativos y secretariales, así como otras deficiencias institucionales, que la sociedad dominicana ha señalado al Poder Judicial durante años, podrían encontrar la manera de utilizar los medios digitales como herramienta para lograr un servicio judicial eficiente. que responda a las necesidades que se adapten los operadores legales y usuarios del sistema, como también se ha demostrado en otros casos de la administración pública, que han utilizado la virtualidad como medio para hacer más eficientes los servicios e incluso para garantizar su accesibilidad.

En cuanto a que la sentencia TC / 0286/21 de 14 de septiembre de 2021 de la Corte Constitucional dictaminó la inconstitucionalidad de una serie de protocolos que protegían los juicios virtuales, cabe destacar que el contenido de la sentencia dejó claro que ningún Los medios digitales violan el contenido constitucional, pero deben ser regulados por ley y no mediante actas y / o resoluciones de la comisión.

En este sentido, representará un desafío para la comunidad jurídica y en particular para el Poder Judicial en 2022 para revisar, aprobar e implementar el proyecto de ley sobre el uso de medios digitales en el Poder legal que actualmente se encuentra en fase de estudio dentro del Congreso Nacional.

Se trata de lograr una verdadera transformación digital que posibilite una adecuada interacción con el ciudadano, un mejor acceso a la justicia y la dinamización de los procesos y servicios que prescriben la constitución y las leyes.

El desafío de la justicia digital, por tanto, implica una innovación estructural del sistema, no solo como una forma de adaptación práctica de los instrumentos tecnológicos, sino también como un nuevo mecanismo democrático, que a su vez tiene el efecto de fortalecer el estado de derecho en su conjunto.

En este contexto, se llama la atención sobre otro actor clave en el sistema judicial, el Ministerio Público, que es un órgano fundamental para la realización de los objetivos de transparencia y eliminación de la impunidad que éste tiene en diversos casos del Estado dominicano.

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Ciertamente la empresa valoró positivamente el nombramiento del Fiscal General de la República y la consecuente integración de los distintos órganos ejecutivos de este Ministerio Público, pero al mismo tiempo reconoció el interés de que los procesos de su nombramiento o selección sean llevarse a cabo sin sometimiento al partidismo, como medio objetivo para lograr las contra amenazas a la independencia funcional del ministerio público según lo establecido en sus leyes.

En FINJUS hemos defendido reiteradamente tener en cuenta el diseño institucional del Ministerio Público General de la República, que se concreta en nuestra normativa, que se concentra en tres funciones principales, que persiguen objetivos distintos y que se encuentran y se asignan separadamente en otras sistemas legales a diferentes titulares de cargos.

En el transcurso del 2021, se observó una perspectiva institucional de que el Ministerio de Estado se alinea con su mandato constitucional de defender el interés público amparado por la ley y hacer cumplir los derechos y garantías conferidos a la defensa de la sociedad de acuerdo con los límites del mandato. de la Constitución, lo que significó un ambiente de reconocimiento y respeto al estado de derecho para asegurar la calidad y legitimidad del organismo y la vida democrática en general.

La sociedad percibe el repunte de la labor del Ministerio, dada la gran cantidad de denuncias que se presentan ante las autoridades competentes, especialmente cuando se trata de expedientes complejos que sugieren supuestas redes de corrupción y narcotráfico.

Lo anterior en particular ha dado lugar a evidentes avances materiales a partir de la plena concentración de los esfuerzos institucionales en temas demandados por la ciudadanía, como la lucha contra la impunidad. Es decir, cuantitativamente – y también cualitativamente – el Ministerio Federal ha incrementado considerablemente la confianza de la ciudadanía en sus acciones, que en su limitada dimensión programática puede servir de modelo para otras agencias gubernamentales.

Los medios de comunicación y muchas organizaciones sociales han calificado estas iniciativas como un verdadero logro, ya que estas decisiones fueron tomadas como parte de un proceso de fortalecimiento institucional y el establecimiento de su independencia formal y material como defensores del interés público.

Esta valoración institucional destaca que el hito real no se limita ni siquiera a quién ha sido imputado, sino a una persecución penal que refleje un ministerio público ejerciendo sus competencias con un fuerte criterio de imparcialidad que prioriza la objetividad, sin la influencia de prejuicios, prejuicios o diferenciados. tratamiento por razones inapropiadas en el contexto de la aplicación de la ley.

Esta garantía es fundamental para que los imputados no se expongan a un juicio anticipado e incluso a una condena moral con un veredicto promulgado en los medios de comunicación, y se convierta en uno de los graves peligros contra los que se advierte a las principales corrientes de la jurisprudencia – criminal -: «El populismo criminal «o» populismo criminal «.

Por tanto, es particularmente importante conciliar el interés social que indudablemente suscitan estos casos, y la publicidad obligatoria resultante del proceso judicial por un lado, y el derecho a divulgar información veraz sobre las condiciones, para que el proceso se desarrolle con normalidad. y no hay colisión con derechos como la presunción de inocencia, intimidad, dignidad, imagen, honor, etc.

Por otro lado, como parte importante del balance para el 2021, valoramos muy positivamente la iniciativa del Poder Ejecutivo de cumplir con el contenido normativo relativo a la asignación presupuestaria de los órganos judiciales, del cual se hizo un incremento en la partida. Un tema clave para el Ministerio Federal según anunció el Ministerio Federal el fortalecimiento institucional del organismo en temas de modernización e investigación.

En varias ocasiones en este contexto hemos señalado que la autonomía real de una institución tan importante como el Ministerio Público, junto con asegurar su funcionalidad, depende en gran medida de los recursos que se le asignen para hacer los supuestos de su normativa. mandatos. .

Para generar el cumplimiento concreto de las tareas esenciales del poder público, es necesario, por tanto, reconsiderar cómo se concibe la arquitectura institucional del Estado a partir de los planteamientos contenidos en las ordenanzas en comparación con la garantía de ejecución presupuestaria que se les asigna de acuerdo con sus normas. realidad concreta.

Entre los desafíos que enfrenta el sistema judicial, sabemos que el nivel de independencia, eficiencia, accesibilidad, equidad, transparencia y previsibilidad de los distintos órganos que interactúan debe fortalecerse aún más hasta el día de hoy. Abordar los desafíos anteriores presenta una necesidad escalonada que es similar a otras similares en las entidades del Estado dominicano. De modo que aún queda un largo camino por recorrer a nivel institucional general del país.

La continuación de los procesos de reforma en curso, especialmente de acuerdo con los requisitos constitucionales aún por implementar, es necesaria para que la democracia, el desarrollo económico y social y la convivencia pacífica estén vinculados a la existencia de un poder judicial eficaz y eficiente. constan de órganos debidamente gobernados de acuerdo con sus deberes constitucionales.

Todo esto debe complementarse con otras medidas que mejoren la capacidad de enjuiciar el crimen organizado y la delincuencia y crear un entorno transparente, que es esencial para fortalecer la democracia. Estas medidas deben estar protegidas por el estado de derecho y su adecuación a las nuevas dinámicas sociales.

Los desafíos para el 2022 siguen siendo la implementación de la obligación del ejecutivo de impulsar una serie de reformas, como la reforma de la Ley de la Cámara de Cuentas No. 10-04; la adopción de un código penal consensuado y moderno; una nueva ley de contratación pública; la ley de borrado de dominios; entre otros aspectos de primer orden de una agenda legislativa prioritaria para superar la opacidad y la corrupción.

El 2022 debe ser la etapa en la que el Estado y la sociedad establezcan mecanismos fluidos y ágiles que faciliten la cooperación interinstitucional, el intercambio de información, lineamientos y datos, para que finalmente podamos superar la duplicación de comités y la burocratización de procesos que dificultan el logro de soluciones efectivas.

desde FINJUS Observamos que cada uno de los esfuerzos institucionales anteriores ha recorrido un camino significativo últimamente, lo que ha llevado a una supervisión cívica más activa de los diversos procesos, a pesar de los obstáculos locales e internacionales que han surgido recientemente. Por tanto, 2022 puede convertirse en el espacio ideal para la implementación de las próximas reformas, cuyo éxito depende de cuán fortalecida esté la protección de los derechos fundamentales, la seguridad jurídica y la promoción de nuestras instituciones democráticas.


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